La empresa pública española de aguas Canal de Isabel II aseguró que hará todo lo posible para defender judicialmente sus derechos, después de que la Fiscalía ordenara la suspensión, embargo y secuestro de acciones de su filial Inassa en la compañía Triple A de Barranquilla.

En un comunicado, la empresa española informa que emprenderá «todas las actuaciones a su alcance» para defender sus intereses y manifiesta una «enorme preocupación» por las consecuencias de la decisión de la Fiscalía para los servicios públicos esenciales que Inassa presta desde hace 17 años en Barranquilla con «total eficiencia y responsabilidad».

Así las cosas, en días próximos, la empresa española «acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa ante las medidas cautelares practicadas el día de ayer por la Fiscalía con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales

Por último, en el documento la empresa reitera «su total colaboración, como ha venido haciendo hasta ahora, en la denuncia e investigación de las posibles responsabilidades en las que hubieran podido incurrir administradores y directivos colombianos y españoles».

Cabe recordar, que la Fiscalía General informó del inicio del embargo de acciones por 202.000 millones de pesos de Inassa, equivalentes al 82 % del capital, y ordenó sanciones para ocho directivos y exdirectivos, varios de ellos españoles.

Triple A, que maneja los servicios públicos de Barranquilla, está participada por Inassa, que Canal de Isabel II adquirió en 2001.