Ante los constantes cuestionamientos que se han hecho desde la Fiscalía General de la Nación, por el alto número de personas que salen de la cárcel y estando en detención domiciliaria reinciden en la comisión de delitos, los jueces y magistrados del país salieron al paso y afirmaron que no es culpa de sus decisiones judiciales sino de una falta de fortalecimiento humanitario y de recursos del Estado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que puedan ejercer su labor de monitoreo y vigilancia a personas recluidas en sus casas.

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“El Estado debe fortalecer al Inpec para que haya mejor vigilancia a personas que reciben beneficios de detención domiciliaria, esa medida no se puede negar por su pasado o porque no existan medidas para vigilarlo indicó el juez de ejecución de penas, Carlos Eduardo Velázquez.

A juicio de Manuel Antonio Merchan, vicepresidente Sala Penal del Tribunal de Bogotá, ante estos casos, el legislador no puede responder sólo de manera coyuntural, pues se necesitan de acciones concretas.

Agregó que incluso también se deben examinar otros escenarios como el hecho de que “hoy en día funcionarios están concentrando sus acciones en la captura y la detención y olvidan llevar los insumos o pruebas para lograr una sentencia”.

Revelaron que tan solo en Bogotá hay 3000 personas en detención domiciliaria, de las cuales 900 presentan un alto riesgo para que vuelvan a reincidir en casos como hurto.

Indicaron que las localidades con mayor número de personas en detención domiciliaria son Kennedy, Suba y los Mártires.

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