Así lo aseguraron las principales instituciones educativas agremiadas, al declarar que el 80 % de los padres de familia cesaron el pago de pensiones desde mediados de marzo, y esta situación ha incrementado el número de deserciones escolares, existiendo el temor e incertidumbre en los padres de familia para enviar a sus hijos a clases presenciales hasta tanto exista una vacuna efectiva para el virus Covid-19, y las instituciones educativas no tienen como pagar las nóminas del mes de abril. Situación que las tiene al borde de un cierre inminente.

El comunicado lo firman los delegados de las instituciones educativas privadas agremiadas en EDUPRINOR, ANDERCOP, ASODECOP, ASOCOLPRIV, ACOMIL, ASOCIACIÓN G-11, FECOLPE, CONACED BOGOTA-CUNDINAMARCA y otras organizaciones del sector en todo el país, así como asociaciones de padres de familia de instituciones educativas privadas y sus consejos directivos.

Además, afirman que el Gobierno nacional ha desconocido las propuestas que las pequeñas, micro y medianas instituciones educativas privadas del país han presentado, las cuales incluyen:

  1. Durante el tiempo que dure la situación de emergencia sanitaria, y hasta seis meses después, el Gobierno Nacional creará un subsidio (Subsidio Económico Escolar), que cubra el valor de las pensiones de cada uno de los estudiantes matriculados en las Instituciones educativas privadas del país. Cuyo pago se girará directamente a cada institución a través de las Entidades Territoriales Certificadas -ETC-.
  2. Exoneración del pago de impuestos nacionales, distritales, departamentales y municipales de las instituciones educativas privadas durante el año 2020.
  3. Suspensión del pago de aportes parafiscales de las nóminas de las instituciones educativas privadas, durante el tiempo que dure la situación de emergencia sanitaria.
  4. Inclusión de un seguro de pensiones en cálculo de costos educativos, que ampare los riesgos económicos en que pueda incurrir el padre de familia para el pago de las pensiones escolares.

Por último, alertaron a las Entidades Territoriales Certificadas en educación -ETC- de todo el país, “para que se preparen a garantizar el derecho fundamental a la educación de nuestros estudiantes, en la eventualidad de un colapso económico de las instituciones frente a la imposibilidad del pago de pensiones por parte de los padres de familia y a la falta de apoyo del Gobierno Nacional”.

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