A través de su cuenta de Twitter la ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció que ya inició la liquidación del contrato por un billón de pesos para la conectividad de las escuelas rurales, firmado con la Unión Temporal Centros Poblados, y que fue caducado por las irregularidades descubiertas en el proceso.

La liquidación servirá para establecer el estado de cuentas finales entre el contratista Centros Poblados y el MinTIC; cesar toda relación y permitir que la Empresa de Telefonía de Bogotá -ETB- asuma el contrato de conectividad rural.

El Instituto Anticorrupción le ha pedido al Ministerio que celebre una nueva licitación, revocando la resolución de adjudicación con Centros Poblados, para garantizar la transparencia y la elección de un nuevo contratista.

 

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“La sospecha de corrupción por parte de los administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección contractual del Estado constituyen un mancha sobre todo el proceso, que contamina hasta su raíz misma, como son los actos administrativos motivo de solicitud de revocatoria”, advierte la solicitud de Camilo Enciso, director de la ONG.

 

“En virtud de la defensa del patrimonio público y los intereses de las comunidades afectadas, el MinTIC deberá declarar la revocatoria de los actos administrativos motivo de controversia, ya que estos atentan en contra del interés público”, agrega su solicitud.