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Nacional

Investigan contratación de 63 colegios por presuntas irregularidades en cuatro departamentos

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Investigan contratación de 63 colegios por presuntas irregularidades en cuatro departamentos

Presuntas irregularidades en contratación de 63 colegios del país informó la Procuraduría General de la Nación.

El ministerio público abrió una investigación disciplinaria y tres indagaciones contra funcionarios del Fondo de Financiación Infraestructura Educativa (FFIE), por presuntas anomalías por más de $ 600.000 millones en la contratación para la construcción de centros educativos en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas y Cauca. 

Antioquia: Se abrió indagación preliminar para determinar la existencia de faltas disciplinarias por supuestas irregularidades contractuales, relacionadas con la construcción de 53 instituciones educativas, por valor de $ 316.000 millones, de los cuales la nación aportó $ 182.000 millones, y las entidades territoriales $ 134.000 millones.

Boyacá: La Procuraduría también indaga presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por $ 230.000 millones, cuyo objeto era la elaboración de los diseños y estudios técnicos, así como la ejecución de obras de infraestructura educativa, particularmente en siete colegios de Sogamoso. 

Caldas: El ente de control abrió indagación a funcionarios por determinar del FFIE y la Alianza Fudiciaria S.A., por supuestas irregularidades en las obras de construcción de las instituciones educativas Gerardo Arias Ramírez y Jaime Duque Grisales de Villamaría, por $ 14.000 millones, que tendrían incumplimientos en su ejecución.

Cauca: En otro proceso, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el representante legal del Consorcio A&C-MYV MEN y el supervisor de la Unidad de Gestión del FFIE, por presuntos incumplimientos en las obras de la Institución Educativa Comercial del Norte, sede La Paz de Popayán, dentro de una contratación por valor de $ 70.000 millones.

Frente a los hallazgos preliminares, el órgano de control ordenó la práctica de pruebas para individualizar a los presuntos responsables, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio causado a la administración pública.

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