La Procuraduría abrió una investigación para establecer si hubo irregularidades en el proceso de compra de 51 camionetas blindadas por 13 mil millones de pesos para funcionarios y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El ministerio público indaga por qué se firmó un contrato por una suma tan elevada en plena emergencia económica por la pandemia de COVID-19.

 

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El convenio suscrito por la Judicatura tiene en líos al director ejecutivo de Administración Judicial, José Cuestas y al director de Asesoría de Seguridad de la Rama Judicial, Carlos Devía, a quienes les abrieron un proceso disciplinario.

La Procuraduría le pidió al Consejo Superior de la Judicatura toda la información sobre el contrato y solicitó un informe a Colombia Compra Eficiente para verificar si hubo un detrimento patrimonial.

 

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