Una nueva investigación periodística vuelve a poner al general Nicacio Martínez en el ojo del huracán.

Esta vez es el reconocido diario el País de España, que sacó a la luz una serie de documentos dados por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados “falsos positivos”, que revelarían que Martínez fue el segundo comandante, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de la Décima Brigada Blindada del Ejército, una unidad militar señalada por la Fiscalía de al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y del Cesar.

Aunque solo 23 casos habrían ocurrido durante la dirección del actual comandante del Ejército, etapa en la que Martínez asegura solo haberse dedicado a tareas administrativas, un ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, publicado por exfiscal general Eduardo Montealegre, sostendría que esta brigada tendría “uno de los primeros lugares” en el escalafón y justamente en 2005, la involucran con una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual.

El rotativo ibérico también señala que en agosto de ese mismo año, Martínez firmó una orden de recompensa de un millón de pesos para obtener información que arrojó «excelentes resultados operacionales para proceder contra supuestos guerrilleros».

Tras la publicación de El País, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que «el general Martínez nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado» y advirtió que es de esperar que el Senado rechace su ascenso como general de cuatro soles.