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Nacional

JEP inició estudio de crímenes de las Farc contra la Fuerza Pública

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La JEP llama a versión a los excomandantes de las Farc-EP que actuaron en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz comenzó el estudio de los crímenes de guerra cometidos por las Farc contra integrantes de la Fuerza Pública en 17 municipios al acreditar como víctima a un soldado lesionado por una mina antipersonal.

La Sala de Reconocimiento acreditó al soldado del Ejército, cuyo nombre no divulgó, por las lesiones que sufrió por la explosión de una mina en el marco del Caso 5, que investiga la “Situación territorial en la región del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca“.

En un auto, la JEP señaló que el soldado “fue víctima de delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que deben ser esclarecidos por la JEP“.

Igualmente precisó que el uso de minas antipersonales puede considerarse como crimen de guerra de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son aplicables al momento de los hechos y “teniendo en cuenta la naturaleza indiscriminada de estas armas y su potencial de causar sufrimientos innecesarios“.

La víctima acusa a los miembros del Frente Sexto de la desmovilizada guerrilla de las Farc liderado entonces por Miguel Ángel Pascuas, conocido como “Sargento Pascuas” y uno de los cofundadores de ese grupo armado en el año 1964 de ser los responsables de lo que le ocurrió.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó de “decisión histórica” la tomada por la JEP porque “ha reconocido como víctima a un soldado profesional del Ejército de Colombia, quien fue herido por una mina antipersonal“.

Según la JEP, el Caso 5 investiga las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH durante el conflicto armado en 17 municipios del Cauca y Valle del Cauca, dos de los más golpeados por la violencia.

En este caso se acreditaron 83 “sujetos colectivos“, entre los que hay 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y dos organizaciones de víctimas.

En total, de estos grupos hacen parte más de 180.000 víctimas, mientras que también se “acreditaron al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas“.

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