La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas declaró la competencia exclusiva y prevalente de la JEP con relación al proceso que la Fiscalía General de la Nación adelanta contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). 

Al asumir esta competencia, significa que será la JEP quien juzgue y sancione los delitos presuntamente cometidos por el general en retiro, quien hizo parte durante 30 años de la Policía, y se retiró en junio del 2009.

La desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando el general (r) Mauricio Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del Gaula en Medellín. 

La Fiscalía General de la Nación señala que, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, el oficial aceptó voluntariamente que participó en la “interceptación de líneas telefónicas”, en su calidad de “comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.

Asimismo, la Fiscalía también cita los testimonios rendidos por postulados de Justicia y Paz, quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones, el hoy general Santoyo Velasco prestaba colaboración a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá [con la] interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”.