La Justicia Especial para la Paz ordenó al Gobierno Nacional llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad y vida de los desmovilizados de las Farc.

Dicha medida se tomó luego de constatar la grave situación de vulneración a los derechos fundamentales de los reincoporados a la sociedad civil.

Además, tras registrarse más de 200 asesinatos contra los desmovilizados, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de la ONU y el Instituto Kroc.

En ese sentido, la JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la UNP llevar a cabo la protección de los mismos.

Estas medidas se toman luego de que la JEP evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad y las razones del desplazamiento de familias de excombatientes asentados en Ituango, Antioquia.

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