La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prohibió cualquier exhumación e inhumación en cinco cementerios ubicados en el departamento de Caldas, en los que se cree se podrían encontrar los cuerpos de «cientos de víctimas de desaparición forzada» de las Farc y otros grupos armados.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó la medida luego de una investigación en la que encontró «una indebida administración» de los cementerios Nuestra Señora del Carmen en la población, de Norcasia; San Agustín y San Diego, en el municipio de Samaná, y los de San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria.

«Esta situación ha permitido la realización de desenterramientos sin orden judicial a pesar de conocerse la existencia de cuerpos de personas sin identificar», explica  en un comunicado el tribunal.

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El 2018 la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada.

Con respecto a los cementerios de Caldas, detalló este viernes que «el abandono y negligencia institucional ha incidido en que el rastro de muchos desaparecidos haya desaparecido de nuevo, constituyendo actos de revictimización y una negación de las garantías de no repetición para los familiares de las víctimas».

La JEP ordenó a los alcaldes de los tres municipios construir una base de datos con las muestras de ADN de los familiares de las víctimas en primer grado de consanguinidad, que se debe llevar a cabo en coordinación con Medicina Legal, la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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De acuerdo con la información reunida por el tribunal, el Magdalena medio caldense es la región más afectada del departamento por el fenómeno de la desaparición forzada.

En el municipio de La Dorada hay reportados por lo menos 1.028 casos de desaparición forzada, mientras que hay 119 en Norcasia, 551 en Samaná y 129 en Victoria, según el Registro Único de Víctimas.