La JEP pidió al Consejero Presidencial y a la Unidad Nacional de Protección cumplir con las órdenes emitidas para proteger la vida de los excombatientes de las Farc.

Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, dichas medidas “buscan proteger los derechos fundamentales de los excombatientes”.

La solicitud va dirigida específicamente al concejero presidencial, Emilio Archila y al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez.

En ella se pide a los mencionados adoptar e implementar la sostenibilidad de los recursos administrativos y financieros necesarios para proteger a los desmovilizados de las Farc.

Además, la JEP solicita la presentación de un plan de acción para evacuar el trámite de las solicitudes y estudios de riesgo pendientes, y fuera de los términos de decisión.

A su vez, requirió al director de la UNP para que se lleve a cabo el nombramiento y término de contratación de los 686 escoltas y los 40 analistas que se requieren para cubrir las necesidades identificadas en dicho plan de acción.

Así como la asignación del presupuesto aprobado para la vigencia 2021.

Según los análisis, cada cinco días un excombatiente de las Farc es asesinado. A la fecha más de 256 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados.