La Jurisdicción Especial para la Paz expresó su preocupación por la no aprobación de una partida adicional que había solicitado al Gobierno nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021.

Aseguran que el presupuesto es «fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación».

Los recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados ascienden a la suma de $30.014 millones. Esa partida es indispensable para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la Jurisdicción y estaban destinadas a las siguientes tareas:
– $19.613 millones para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP, tarea que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA);
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– $4.100 millones para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación.
– $6.300 millones para tecnologías de la información, que le permiten a la JEP tener una justicia más digital, transparente y ágil, al servicio de las víctimas, de los intervinientes en los procesos y de la sociedad en general.
Los pedidos de adición presupuestal iniciaron por parte de la JEP al Gobierno nacional el 13 de julio pasado, una vez éste comunicó las cuotas presupuestales.  Después, se reiteraron el 21 de agosto ya radicado el proyecto de presupuesto, el 28 de agosto y el 7 de octubre.