La Fiscalía General logró la judicialización del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos García y del abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, quienes se habrían concertado con otros funcionarios judiciales para dilatar e impedir que avanzara un proceso penal.

Los elementos probatorios permitieron conocer que, en diciembre de 2019, el funcionario judicial, supuestamente, fue contactado para que intercediera ante un fiscal especializado e impidiera la solicitud de captura contra una persona investigada por secuestro y homicidio.

Ríos García, quien era el coordinador URI para temas de feminicidios y homicidios, al parecer, exigió dinero por esa mediación ilegal.

El abogado Héctor Alirio Rojas Cruz, presuntamente, le pidió $200 millones al hombre interesado en frenar la investigación en su contra.

Parte de esa suma, exactamente $100 millones, habrían sido entregados al fiscal seccional a través de una mujer, en dos pagos, uno por $90 millones y otro por el excedente.

Frente a esto, un fiscal adscrito al CTI imputó, de acuerdo a su rol y participación en los hechos investigados, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y soborno en la actuación penal al funcionario judicial y al abogado.

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Los cargos no fueron aceptados por los procesados. El juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento en centro carcelario.