Un juez de segunda instancia estableció que la Fiscalía debe tener en cuenta la investigación hecha por la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Álvaro Uribe.

Para el juez, el ente acusador debe adecuar al proceso todo lo actuado por la Sala de Instrucción, por lo que la indagatoria puede ser tenida en cuenta como una imputación de cargos, lo que quiere decir que el exsenador queda vinculado a un proceso penal por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

Pese a la primera decisión, el juez decidió mantener la libertad del exsenador, al considerar que una medida de aseguramiento no se puede adecuar entre el antiguo sistema penal o Ley 600 de 2000 y el Sistema Penal Acusatorio (ley 906).

Así las cosas, el despacho explicó que ahora la Fiscalía tiene dos caminos: presentar acusación e iniciar un juicio, o presentar una solicitud de preclusión.