La Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de 1.9 billones de pesos.

Por estos hechos, se adelanta la imputación de cargos a 12 personas que estarían involucradas en este esquema delictivo, ante  un juez de control de garantías de Medellín.

Entre los procesados por estos hechos están los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos, ellos deberán responder por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Además de evadir el control de Estado, el esquema ficticio, legalizó irregularmente, en el papel, 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014.

La comercializadora CI Metales recurría a diversas maniobras para hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional a cambio de millonarios dividendos, que superaron los 1.9 billones de pesos.

Operaciones ficticias

En el rastreo de esta cadena criminal, la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, y era comprado por distintos proveedores. 18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas.

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Se comprobó que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas.

Las operaciones ficticias detectadas por el ente investigador también involucran a personas fallecidas con quienes la comercializadora supuestamente hizo compras de oro por 68.000 dólares, más de 200 millones de pesos.

“Es hora de que en Colombia, el Banco de la República retome el monopolio de la compra del oro”, señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien advirtió que para las organizaciones criminales resulta más rentable comercializar oro que cocaína, marihuana y otros estupefacientes.