La ratificación del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en una decena de países, se hundió este domingo en el Congreso que no votó el proyecto firmado con mensaje de urgencia por el presidente Iván Duque.

El trámite legislativo fue detenido por casi once meses porque un bloque de congresistas, incluidos miembros del Centro Democrático y los gremios más importantes, desaprobaron su contenido y pidieron que fuera archivado.

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El Congreso tenía hasta este domingo, cuando termina el periodo legislativo, para votar el proyecto en primer debate pero luego de varios aplazamientos las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes, en las que se alcanzaron a presentar ponencias a favor y en contra, no avanzaron en su debate.

“Perdemos tiempo y vamos a retrasar la oportunidad de hacer mejor las cosas. Si se archiva el proyecto, el Gobierno tendrá que volverlo a presentar y habremos perdido el chance de comenzar a tratar las buenas prácticas en temas de democracia ambiental con los países que ya lo ratificaron”, explicó a Efe la abogada miembro de la Alianza por el Acuerdo de Escazú María Alejandra Lozano.

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Para la experta, esta legislatura tenía en sus manos la oportunidad de “tratar de reducir los conflictos ambientales y de evitar más muertes de líderes y defensores ambientales”, en línea con los fundamentos de acceso a la información, participación y justicia ambiental del acuerdo.

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

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Un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado señala que América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019 y Colombia lidera esa estadística con 64 crímenes.

Por ello, un grupo de organizaciones ambientalistas y universidades del país presionaron en los últimos días al Congreso para que ratificara el acuerdo, una herramienta que calificaron como “vital” para regular los derechos en defensa del medioambiente y “para que la Justicia sea efectiva alrededor del uso sostenible de nuestros recursos naturales”.

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Sectores de la oposición han manifestado su preocupación por los “mitos” que frenaron su ratificación, argumentos como que el acuerdo representa una amenaza para la soberanía nacional” o que “en Colombia ya hay suficientes mecanismos de participación y cuenta con un marco legislativo para proteger el ambiente”.

“Estos mitos han llevado a que se piense erradamente que por Escazú Colombia va a perder territorio y no es cierto, el acuerdo no tiene ningún tipo de disposición sobre eso. También han llevado a pensar que Escazú va a impedir que quienes siembran arroz o café no lo puedan hacer más y eso tampoco es cierto”, explicó Lozano.