El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU, denunció en su informe anual de DD. HH, que la antigua guerrilla y ahora partido político Farc, no entregó a todos los niños que tenía reclutados en sus filas.

Al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las Farc, 75 niñas y 60 niños, según el informe.

Así las cosas, la ONU sostiene que “el acuerdo y el derecho internacional de los Derechos Humanos obligan a respetar el principio del interés superior del niño en su proceso de desvinculación de las Farc. No obstante, hasta el momento no se ha respetado en su totalidad este principio”.

La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló haber recibido información “sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta”.

“Aquellos (niños) que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción más recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia. Por lo tanto, es necesario garantizar la plena implementación del Acuerdo para mejorar la situación y garantizar el respeto de los derechos de los niños cuando regresan a sus familias. Aquellos que permanecieron en los centros de separación-desvinculación tienen mejor acceso a la salud y la educación pero a menudo se encuentran lejos de sus familias y comunidades”, agregó el informe.

Por lo tanto, Naciones Unidas pide al Estado colombiano garantizar la implementación completa del acuerdo de paz y los derechos de los niños y niñas que hasta ahora no hayan sido protegidos.

Conozca el informe completo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.

Otros detalles del informe

Por otra parte, se destacan algunos desafíos, “especialmente en las zonas rurales, como la falta de seguridad, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales en contextos de disputas entre grupos armados ilegales y el crimen organizado, en particular en las antiguas áreas de influencia de las Farc.

Este informe también resalta los crecientes ataques en contra de los defensores de Derechos Humanos, la corrupción y su impacto en las desigualdades económicas, sociales y culturales, así como las dificultades para abordar los problemas multidimensionales que desde hace décadas padecen las comunidades rurales.

Asimismo, la ONU muestra su preocupación por los asesinatos de los defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios. “A pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques, en 2017, (la Organización) registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos”.

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