El Congreso aprobó la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418 de la “Paz Total”, y que ahora pasará a manos del presidente Gustavo Petro para su sanción definitiva.

El objetivo consiste en materializar la norma como política de Estado y de preservar y garantizar la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia.

La nueva iniciativa aprobada otorga facultades al presidente Petro, al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, y al Gobierno en su conjunto para “adelantar negociaciones con grupos armados ilegales”.

Tras aprobrarse el proyecto, el ministro de Interior, Alfonso Prada, destacó el espaldarazo que dieron las plenarias de Senado y Cámara de Representantes y subrayó que, al ser esta norma una política de estado, ““vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia”.

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En ese sentido, la nueva norma establece la creación de una comisión de alto nivel para clasificar, en el marco de la instalación de un diálogo de paz, “cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento“. Dicha suseción permitirá el estudio de una estructura jurídica constitucional que allanará el camino de las conversaciones y negociaciones.

Por otro lado, la ley 418 buscará determinar las Regiones de Paz en las que se van a  adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. De ese modo, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que “o serán zonas de despeje de la Fuerza Pública”.

“El reto que tenemos como país y con la Paz Total es desarmarlos, desarticularlos, desmovilizados y ocupar el territorio con paz, con desarrollo económico, con justicia social, con una lucha enorme contra la adaptación hacia el cambio climático, puntualizó el ministro Prada.