El Ministerio de Justicia tiene listo un proyecto de decreto mediante el cual fija las pautas para realizar un seguimiento detallado a la aplicación de la Ley 1820 de 2016 (Amnistía e Indulto), “en lo que se refiere a la libertad condicionada para personas privadas la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”.

En el documento conocido por CM&, el Gobierno advierte que resulta necesario “hacer un seguimiento a la aplicación de la ley 1820 de 2016 y el decreto 277 de 2017” con el objetivo de establecer si se está dando un “estricto cumplimiento”.

Publicidad

Explicó que el fin del decreto es poder “implementar unas herramientas expeditas que permitan diagnosticar los avances o dificultades de la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto en esa materia, establecer la situación jurídica actual de las personas potencialmente beneficiarias de las medidas judiciales, e implementar los instrumentos que dichos diagnósticos arrojen”.

“Que como quiera que el Gobierno Nacional se comprometió con la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017 en cuanto a se refiere a la aplicación de la figura de indulto o amnistía de delitos cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social, se hace necesario implementar unas herramientas expeditas que permitan diagnosticar los avances o dificultades de la aplicación de la ley de amnistía e indulto en esa materia, establecer la situación jurídica actuales de las personas potencialmente beneficiarias de las medidas judiciales e implementar que dichos diagnósticos arrojen”, indica el documento.

De ahí que se determine que la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia adelantarán las acciones necesarias para suscribir un instrumento jurídico que permita el intercambio de información con el Consejo Superior de la Judicatura, tendiente a hacer seguimiento a la aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, en lo que se refiere a la libertad condicionada por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos.