Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar perdieron la demanda con la que pretendían que se les indemnizara por el no pago de salarios ni prestaciones sociales entre los años 2007 y 2013.

En efecto, el Consejo de Estado denegó en última instancia las pretensiones de una acción de grupo instaurada por 25 madres comunitarias.

El alto tribunal consideró que la demanda es improcedente y como tal confirmó un fallo proferido en ese sentido del tribunal administrativo de Quindío.

El proceso tiene que ver con una supuesta discriminación o violación al derecho a la igualdad invocados por las demandantes que basaron sus reclamos en el hecho de que el Bienestar Familiar les hubiera pagado menos de un salario mínimo por la labor desempeñada.

Esa situación efectivamente ocurría, pero fue corregida en el año 2013 atendiendo una orden de la Corte Constitucional.

La Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que el ICBF en definitiva no produjo un daño sobre las madres comunitarias, de hecho, reconoció que la orden de la Corte Constitucional fue acatada a partir de reconocer el pago de un salario mínimo.

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Además, señaló el Consejo de Estado que las normas con las cuales se establecieron los pagos antes del año 2013 tampoco eran ilegales.

Según cuentas de la Nación, el ICBF hubiera tenido que girar $1.6 billones de pesos a las más de 48 mil las madres comunitarias en caso de que hubiera prosperado la demanda de acción de grupo.