Las madres y familiares de víctimas de ‘’falsos positivos’’, como se conoce en Colombia las ejecuciones de jóvenes inocentes a manos del Ejército, entregaron este martes a varios organismos de paz un informe donde narran su larga e histórica búsqueda de verdad y memoria.

‘’Con la mano en el alma, pido justicia. Que nos entreguen a la persona que realmente le segó la vida a mi hijo. Para mí es muy triste que en 13 años nadie haya respondido por la muerte de mi hijo’’, explicó durante el acto de entrega Flor Hilda Hernández, madre de un joven desaparecido en 2008.

Las mujeres, reunidas en la organización Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), entregaron hoy el informe ‘’Unidas por la memoria y la verdad’’ a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien recientemente elevó el número de víctimas de “falsos positivos” en uno de sus macrocasos a 6.402, el triple de la cifra contabilizada hasta entonces por la Fiscalía.

En el informe (el segundo que presentan ante la JEP) detallan la larga lucha por encontrar a sus hijos, llevados por el Ejército bajo ofertas de trabajo y ejecutados en otras regiones para presentar mejores resultados a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

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‘’Queremos que altos mandos nos den la cara, que nos cuenten qué pasó con nuestros familiares, que nos cuenten quién dio la orden. Queremos que juntas y juntos seamos parte de la verdad histórica que necesita nuestro país’’, pidió Jacqueline Castillo.

Estas incansables madres han ejercido de periodistas, investigadoras y sus propias psicólogas, como explicó Castillo. Han realizado todo tipo de acciones para llamar la atención sobre su causa y han llegado a vender sus casas para poder continuar la búsqueda de sus familiares.

La JEP (tribunal de paz creado en los acuerdos entre las Farc y el Gobierno en 2016), abrió en julio de 2019, el Caso 3 que corresponde a ‘’muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’’, a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General que entonces indicaba que hubo un total de 2.248 víctimas de ‘’falsos positivos’’ entre 1988 y 2014.

El pasado mes de febrero esta jurisdicción transicional estableció que por lo menos 6.402 personas resultaron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008, situando la mayoría de casos durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

‘’Le damos gracias a la JEP porque es la entidad que ha abierto una ventanita pequeña que se va abriendo mucho más cada día’’, explicó otra de las integrantes de Mafapo, Blanca Nubia Monroy.