El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, le pidió al Gobierno Nacional que proteja a los magistrados y juristas que fueron amenazados de muerte en las últimas horas por haber aprobado la despenallzación del aborto hasta la semana 24.

“Yo reclamo del presidente de la República y de los ministros de justicia, interior y defensa, la protección de todos y cada uno de los magistrados de las altas cortes para garantizar su vida e integridad personal (…)Nos genera consternación y rechazo inmenso porque una amenaza contra un magistrado de la Corte es una amenaza contra las instituciones”, advirtió Ibáñez.

Ibáñez pidió al gobierno que realice un nuevo estudio de seguridad a los magistrados amenazados mediante un panfleto firmado por las Águilas Negras.

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La amenaza declara como objetivo militar a los magistrados Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, al exMagistrado Alberto Rojas y al conjuez Julio Ossa. Y le pide a la Corte revocar el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24.

“Ninguna amenaza nos puede intimidar para cambiar ningún tipo de decisión que haya sido adoptada, de manera tranquila y serena, luego de un debate como el que se dió en la corte. Eso no nos puede intimidar, cada uno debe conservar su autonomía, jamás podrá ser eso un esquema de intimidación para hacerle cambiar decisiones”, agregó Ibáñez.

El magistrado, que no fue amenazado, pues votó negativamente el último fallo sobre el aborto, advierte que hay que tomar muy en serio ese tipo de amenazas.

“Nos preocupa esta amenaza porque nos hace recordar viejas épocas, ya superadas, en que las amenazas empezaron pero lastimosamente se hicieron realidad posteriormente. Acuérdense en 1985, por esta época de meses de febrero y marzo, comenzaron las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema y se hicieron lastimosamente realidad, el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando la organización criminal no solamente atacó a la Corte sino que asesinaron a la mitad de sus magistrados”, agregó.

“En 1985 las amenazas contra los magistrados comenzaron por amenazas a sus hijos y sus esposas, hay que rodear a sus familias (…) Es obligación del Estado garantizar la protección de los magistrados de las altas cortes”, sentenció.

Ibáñez confirmó que el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se puso a disposición de la Corte y que la Fiscalía también está dando trámite a una denuncia que radicó la presidenta de la Corte Cristina Pardo.