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Magistrado le plantea a la Corte que se pronuncie sobre la extradición de Otoniel

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Magistrado le plantea a la Corte que se pronuncie sobre la extradición de Otoniel
Foto: Colprensa

El magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le pidió a la Corte que revise una tutela que cuestiona la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, por la afectación de los derechos de las víctimas.

La tutela fue presentada por la ONG ‘Comisión Colombiana de Juristas’ y cuestiona que las decisiones del Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía vulneraron los “derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, en especial de las reconocidas en el macroproceso número 4 que se tramita ante la JEP”.

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La acción judicial argumenta que la extradición hacia los Estados Unidos del exlíder del Clan del Golfo, alias ‘Otoniel’, obstruye su comparecencia y la continuidad de los procesos 130 judiciales adelantados en su contra en Colombia.

“Se tiene como punto de partida aquellas que se encuentran acreditadas en el caso 004 de la JEP, quienes públicamente han solicitado que se escuche al señor Úsuga en su calidad de testigo, así como aquellas constituidas en los más de 130 procesos penales en su contra”, advierte la acción judicial.

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Para el magistrado Reyes, un pronunciamiento de la Corte podría “prevenir que una nueva violación se produzca en el futuro, con lo cual se pueden analizar medidas adicionales tales como: disponer de mecanismos que garanticen la participación del testigo en el trámite ante la JEP, instar a la Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la República a tener en cuenta los requerimientos de las víctimas, exhortar para que el Congreso regule los derechos de las víctimas frente a este tipo de situaciones, entre otras medidas que pueda advertir pertinentes la Sala de Revisión que falle el caso”.

“La Corte Constitucional podrá determinar unas reglas de ponderación para casos en los cuales el extraditado no sea postulante ante la JEP pero sí testigo importante en un proceso de dicha jurisdicción. Adicionalmente, podrá disponer de qué forma la Corte Suprema de Justicia o el Gobierno Nacional deben establecer las condiciones de participación del extraditado en el proceso ante la JEP para que sean efectivamente materializadas”.

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