Frente a los señalamientos del secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, sobre un supuesto complot «burócratico» orquestado por magistrados de la JEP para quitarle funciones, los funcionarios del Tribunal de Paz negaron tales acusaciones.

Por el contrario, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, denunció que fueron víctimas al parecer de una interpretación ilegal de sus correos personales, al explicar que desde el mismo día en que quisieron «contribuir al proceso de construcción normativa que se adelantaba en el Congreso» efectuaron varias reuniones «para analizar temas jurídicos que se desarrollaban en el Congreso».

Afirmó que se trató de «intercambios de conceptos y opiniones jurídicas que luego se condensaron en documentos técnicos que se remitieron al señor ministro de justicia enlace oficial del gobierno con la JEP».

Agregó que «ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas, también lo hicimos en la mayoría de los casos  por vía electrónica, a través de nuestros correos privados electrónicos personales, pues aún no estábamos posesionados».

«Correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Correa quien en enero del presente año, expresó a la presidenta que sino asumía los diseños que él tenía previstos para la secretaria ejecutiva de la JEP, daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos» reveló.

Linares cuestionó el hecho de que según Correa, «poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular».

«Desde luego no cedimos a sus absurdas pretensiones, pues los aportes que hicimos se dieron en el marco democrático que da vía a las expresiones ciudadanas, frente a proyectos normativos de interés nacional, mantuvimos nuestras protestas y exigimos de él el cumplimiento de las tareas y funciones que se le encargaron y que debió adelantar durante el año de 2017, periodo en el que se desempeñó como secretario ejecutivo designado y ejecutó, como él mismo lo anunció 4.5 millones de dólares» agregó.

Recursos debieron ser destinados para el correcto funcionamiento de la JEP

La magistrada explicó en qué debía el secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, ejecutar los recursos, al revelar que a la fecha, esa entidad no tiene ni siquiera suficiente papelería.

  1. Avanzar en el proceso de alistamiento, diseño e implementación de la infraestructura requerida para la puesta en funcionamiento de la JEP. No obstante, a la fecha carecemos de sistemas de información, telefonía y comunicaciones, sistema de seguridad y protección para los funcionarios y comparecientes de la JEP, tampoco contamos con suficientes insumos básicos como papelería, fotocopiadoras, computadoras e impresoras.
  2. También debió la secretaria ejecutiva avanzar en los diseños de los siguientes sistemas: sistema de representación judicial de las víctimas, sistema de apoyo psicosocial para las víctimas, sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicionada, sistema autónomo de defensa de los ex combatientes de las Farc, certificación de trabajos, obras y actividades con contenido reparado. Tareas sobre las cuales a la fecha hay un nulo o incipiente avance por lo que han tenido que ser asumidas por los propios magistrados.

Magistrados le pidieron cuentas a Néstor Raúl Correa

La magistrada Linares afirmó que tales dificultades en la gestión de la secretaria ejecutiva, «ocasionaron el reclamo de magistrados y la exigencia de qué procesos de contratación como el del sistema de información, primer componente cuyo valor ascendía a 3 millones de dólares se detuviera, hasta verificar por parte de la magistratura su pertinencia.

Agregó que dado a que el secretario ejecutivo le corresponde nominar y nombrar cerca de 200 servidores públicos a partir de junio del presente año, «se le pidió diseñar y definir una estructura que justifique ese número de funcionarios, la cual debe ser aprobada por el órgano de gobierno de la JEP (…) a la fecha no la ha presentado».

«El órgano de gobierno tiene en el marco de la ley el deber irrenunciable de vigilar, controlar, pedir cuentas sobre los contratos ejecutados, no obstante, la molestia que esto le pueda causar al señor secretario ejecutivo. Cabe recordar que esta función del órgano de gobierno tiene pleno fundamento constitucional como lo reconoció la Corte en la sentencia C- 674 de 2017» expresó.

Magistrados niegan celebración de contratos

Patricia Linares igualmente aclaró «que la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno, esa es la función de la Secretaria Ejecutiva cuya estructura y funciones se mantienen intactos, tal y como fueron previstas en los acuerdos, en el acto legislativo y en las normas de desarrollo».

Reiteró que lo que sí corresponde a los magistrados del órgano de gobierno de la JEP «es orientar, dirigir y definir los lineamientos del órgano ejecutor (SE), funciones que asumimos con el máximo de responsabilidad y transparencia y que no declinaremos».

Néstor Raúl Correa contrató más de 160 personas

Durante el 2017 secretario ejecutivo, solicitó y obtuvo los contratos aproximadamente de 100 personas y hoy cuenta con 163 contratistas, requeridos, escogidos y designados exclusivamente por el señor Correa.

Finalmente indicó la magistrada que Correa presentó renuncia voluntaria e irrevocable a su cargo, la cual fue aceptada por el pleno del Tribunal en sesión del día 12 de abril, por lo que a su juicio «llama la atención que, en lugar de rendir cuentas ante el órgano de gobierno, haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades».