La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, deberá resolver el recurso de reposición que presentó la defensa del exsenador Musa Besaile, con el cual pretende que se declare la nulidad de todo lo actuado del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo del ‘’Cartel de la Toga’’.

Para la defensa a Besaile se le vulneraron sus derechos “al debido proceso y a la defensa” al asegurar que “existe falta de competencia” en razón a la promulgación del Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, mediante el cual se implementó el derecho a la segunda instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.

A su juicio “las antiguas salas de instrucción han dejado de ser competentes para investigar y acusar a los miembros del Congreso, puesto que ahora corresponde hacerlo a la Sala Especial de Instrucción ya mencionada. En esa medida, desde enero de 2018 sobrevino una incompetencia sobre la Sala de Instrucción No. 2, la cual se debe predicar de todas las actuaciones de esta sala”.

No obstante mientras la Corte entra a resolver esa petición, se ordenó la práctica de una serie de pruebas que serán tenidas en cuenta dentro del juicio que se adelanta contra el excongresista por corrupción.

Como primera medida se ordenó la ampliación de la declaración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, “dado que es el principal testigo, en contra del procesado en relación con el cargo de peculado”.

Explicó la corporación judicial que su declaración es fundamental para establecer sí se presentaron actos “de corrupción en Córdoba” que tenga involucren al excongresista.

Declaración de José Miguel Ramírez Gómez, por cuanto es el principal testigo de descargo de cara al delito de peculado en atención a que según Musa Besaile, el origen del dinero entregado al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, para frenar el proceso de parapolítica en su contra, “proviene de un préstamo que hizo en su momento Ramírez Gómez al acusado, sin que aquél supiera el destino del mismo”.

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Se solicitó además la declaración, por certificación jurada, del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, quien también está implicado en el escándalo, y para quien supuestamente era el dinero exigido a Musa Besaile para presuntamente favorecerlo en el proceso de parapolítica que cursa en su contra.

Finalmente se ordenó los testimonios del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte; el abogado Leonardo Pinilla y Sami Spath, amigo del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

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