Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario al concejal de Dosquebradas (Risaralda), Marco Aurelio Ramírez Cuervo, como determinador de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

De igual manera, fueron privadas de la libertad en su lugar de residencia Elizabeth Duque Méndez, secretaria de tránsito y movilidad del municipio en mención y Lorenza María García, quien trabajaba la oficina jurídica de tránsito. Por determinación del juez, César Augusto Idárraga fue cobijado con medida no privativa de la libertad.

El juez encontró sustentadas las razones por las cuales estos funcionarios podrían afectar el trámite procesal si quedaban en libertad, así como el riesgo para el debido proceso por la capacidad que tienen de influir en algunos sectores del Estado.

El ente investigador logró determinar que esta situación está relacionada con los hechos irregulares que rodearon los contratos 890 y 892 de 2016 y  914 de 2017 que tenían como objeto la señalización horizontal y vertical en el municipio cuantía total de $175´000.000.

La indagación permitió establecer que, al parecer, los contratos se estructuraban y direccionaron con el fin de favorecer a una asociación denominada Asociación de un Grupo de Amigos Ágiles Comprometidos e Emprendedores (Unace), a pesar de no cumplir con los requisitos que exige la ley.

Finalmente, se evidenció que varias señales de tránsito no fueron instaladas, y las que se instalaron no cumplían con las normas vigentes para la época y otras correspondían a contratos diferentes.

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