Por petición de familiares de los colombianos presos en Haití acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la Defensoría del Pueblo decidió coadyuvar las diferentes solicitudes de medidas cautelares que habían elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esta manera, la entidad fundamentó su solicitud a la CIDH con la información obtenida durante la visita a terreno de la misión humanitaria realizada la semana pasada, en la cual escucharon los testimonios de los colombianos y verificaron la salud de ellos y la situación precaria en la que se encuentran recluidos.

 

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“Los hallazgos más significativos fueron: desde que fueron detenidos no se les ha permitido hablar con un abogado; no les han permitido hablar con sus familiares; desde que fueron capturados, los detenidos han estado esposados las 24 horas del día; duermen en el piso sin colchonetas; les ofrecen dos comidas en el día; el agua para tomar es racionada, les entregan un recipiente de 20 litros de agua diarios para los 18 detenidos colombianos y 2 haitianos; no cuentan con una batería sanitaria adecuada”, dice el comunicado radicado por la Defensoría.

Por ello, en nombre del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis presentó la solicitud de medidas de protección de manera urgente luego de que le fuera informado sobre el traslado de los detenidos a un centro penitenciario en el que podrían correr riesgo sus vidas e integridad personal.

 

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La solicitud de las medidas cautelares busca fundamentalmente, que a los connacionales detenidos se les garantice una celda de máxima seguridad y el respeto al debido proceso, lo que significa acceder a un abogado que los represente judicialmente.

Finalmente, Camargo le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) seguir atento el proceso judicial y solicitarle información permanente al estado haitiano sobre las condiciones de reclusión de los colombianos.