La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP reveló este miércoles que el subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue asesinado por sus compañeros al no querer hacer parte de los denominados ‘falsos positivos‘.

De acuerdo con la JEP, el subintendente Suárez fue víctima de un atentado que le costó la vida por parte de sus propias tropas en el marco de una situación de combate y siendo uno de los propósitos del comandante de generar terror en el seno del Batallón de Contraguerrillas No. 79 (BCG-79) e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal.

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De esta manera, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad a miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 79 por crímenes perpetrados en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia, entre los años 2002-2006.

Se identificaron víctimas exhumadas en diligencias de entrega digna y se recabaron reconocimientos de responsabilidad y patrones criminales asociados a cuatro batallones dentro de un espectro de tiempo entre 1997 y el año 2006, así como declaraciones que se refieren a hechos ocurridos en otros territorios hasta 2010, los cuales comprometen a miembros de la Policía Nacional.

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La Sala encontró bases suficientes para imputar como máximos responsables por jerarquía a cuatro coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79), Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79), Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos).

Dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

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De igual manera, se atribuye responsabilidad en calidad de máximos responsables por participación determinante a tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado.

Principales hallazgos en el cementerio Las Mercedes

A lo largo de cuatro jornadas, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) intervino un total de 29 fosas y una bóveda, correspondientes a 75 hallazgos forenses. Posteriormente, el INMLCF determinó que aquéllos correspondían a 49 cuerpos.

La UIA encontró:

  • Enterramientos colectivos (78.38%).
  • Cadáveres depositados en bolsas negras o con emblemas de la Policía Nacional.
  • Distintivos de unidades militares (Batallón Arhuacos).
  • Cadáveres en los que se valoró, preliminarmente, lesiones traumáticas de temporalidad peri-mortem o circun-mortem, producidas por un mecanismo de alta energía compatible con proyectiles de arma de fuego.
  • Cadáveres en los que se encontraron características y elementos asociados que permitieran inferir contextos de muerte violenta (amarres en manos y pies, mordazas, vendas).

Irregularidades encontradas en el cementerio Las Mercedes

La JEP constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta el 2010), se convirtiera en un lugar “ideal” para perpetrar el crimen de desaparición forzada:

  • Inexistencia de unos lugares de inhumación, debidamente demarcados para personas no identificadas, cuyos cuerpos eran enterrados de forma aleatoria por todo el cementerio.
  • Autorización, hacia el año 2016, de la realización de unas labores de “embellecimiento” del camposanto, apoyadas por efectivos de la Brigada XVII del Ejército Nacional, incluida la plantación de árboles, aplicación de pintura blanca sobre todas las cruces y reescritura de los datos existentes sobre las mismas.
  • Ausencia de registros sobre inhumaciones y exhumaciones.
  • Falta de controles sobre las labores realizadas en la morgue. Todo lo anterior, en un contexto de fuerte disputa, entre todos los actores del conflicto armado, por el control sobre el municipio de Dabeiba y el cañón de La Llorona.