El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo aseguró que la Fuerza Pública, «en particular el Esmad, no incurre en excesos» y que algunos de los casos del 21 de noviembre de 2019 «corresponden a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes». 

«Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes», precisó.

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Aseguró que la Fuerza Pública colombiana cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos.

«Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen».

Además, el jefe de cartera indicó que la actuación del ESMAD se produce «exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito» y que no son manifestaciones pacíficas.

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A partir de esto, el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020.

Este fallo le ordena al presidente de la República, al ministerio de Defensa y al Esmad de la Policía, entre otras entidades, que adopten las medidas que sean necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Por otro lado, le prohíbe al Esmad el uso de la escopeta calibre 12, con la cual un agente asesinó al joven Dilan Cruz.