Según lo dio a conocer el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, con el fin de reducir la tasa de hacinamiento penitenciario y en las Unidades de Reacción Inmediata, (URI), se firmará un convenio en el que se desarrollarán estrategias y proyectos para la planeación, construcción, administración y mantenimiento de los centros que sean necesarios.

Gracias a esta estrategia, el Gobierno nacional busca fortalecer y racionalizarla política penitenciaria del departamento del Atlántico.

De igual manera, el Estado busca garantizar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Por tratarse de un convenio de cooperación, en el que las partes no comprometen recursos, no tendrá valor alguno.