Mediante un contrato suscrito por el Ministerio de las Comunicaciones y la Unión Temporal de Centros Poblados, tenía como objetivo llevar Internet a 15 departamentos del país, haciendo énfasis en colegios y escuelas.

El valor del contrato era de más de un billón de pesos.

En una declaración entregada por la ministra de las Comunicaciones, Karen Abudinen, en la cual no aceptó preguntas, explicó la importancia del convenio y cómo surgió.

 

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Pero la situación se empezó a complicar cuando el banco Itaú notificó al Gobierno que hubo una falsificación de un documento.

Se trata de una garantía bancaría que legalmente tenía que presentar la Unión Temporal de Centros Poblados para asegurar el contrato.

 

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El banco notificó sobre la irregularidad y según la ministra, ella fue la que denunció el hecho.

Luego de conocerse la falsificación y ante unos retrasos en la ejecución del contrato, el Ministerio de las Comunicaciones decidió declarar la caducidad del mismo.