Al fallar una tutela la Corte Constitucional advirtió que el suministro de agua potable es un deber que le corresponde garantizar a los municipios del país.

Indicó el alto tribunal que a todos los colombianos que residen en zonas rurales de difícil acceso a sistemas de acueducto se les debe brindar la garantía del derecho al agua potable.

Señaló la corporación judicial que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo en los casos en los que se busca la protección el derecho fundamental al agua potable, cuando la suspensión del servicio de acueducto pone en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna a sujetos de especial protección constitucional, pues resulta desproporcionada la exigencia de acudir a otras vías judiciales, para procurar la protección urgente y eficaz de los derechos afectados.

El pronunciamiento se hizo al estudiar el caso de una mujer a quien le suspendieron el servicio de agua ya que su vivienda, ubicada en una vereda de ese municipio, estaba conectada de manera irregular a un tubo de la empresa Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

La Corte concluyó que al municipio le corresponde garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos (entre ellos el de suministro de agua potable), bien sea que lo haga directamente o a través de particulares o comunidades organizadas.

En este orden de ideas, afirmó que los municipios deben buscar alternativas para el acceso al agua, especialmente a viviendas que se encuentran alejadas de las redes de acueducto. Por ello, los municipios deben fijar “unos parámetros mínimos de acceso al agua cuando el municipio o distrito encuentre que existan razones técnicas, operativas o socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistemas de acueducto en dichas zonas, deberán asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento.

Asimismo, la sentencia destacó que aún cuando no existan redes de acueducto, también existe la posibilidad de prestar el servicio a través de los acueductos comunitarios para abastecer de líquido a la población.

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