El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, durante el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, invitó a dialogar sobre la actual política criminal y el papel de la Fiscalía en este sector.

Martínez se refirió al narcotráfico como el principal reto que enfrenta el Estado, donde confirmó que a pesar de los grandes esfuerzos y estrategias que se han desplegado “tenemos grandes desafíos en este frente”.

Expuso que según el más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, hubo un aumento de 78.000 hectáreas sembradas en 2012 a 188.000 en 2016 que ratifica la tendencia al crecimiento que publicó el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), que evidencia que las hectáreas sembradas pasaron de 96.000 en 2015 a 146.000 en 2017.

Como consecuencia del narcotráfico, manifestó que el incremento del homicidio es uno de ellos. “Este año se han registrado 3.491 homicidios, lo que representa un incremento del 7.22 %”, explicó.   

Asimismo, hizo referencia a los corredores con aumentos atípicos en asesinatos, identificando “un incremento extraño del homicidio en zonas rurales que alcanza en mayor escala a colombianos de a pie y, en otra, a líderes sociales”.

Sobre el microtráfico, que catalogó “como una nueva dimensión del problema”, aseguró que “mucha de la droga que producimos se está quedando en Colombia para consumo interno”.

Por otra parte, mencionó cambios en la geopolítica nacional luego de la salida de las Farc de los territorios cocaleros, afirmando que “no extraña que sea en Nariño y Cauca, departamentos colombianos con costa sobre el Pacífico, los que aparezcan, junto a Putumayo y Norte de Santander, en cabeza de los índices de cultivos de hoja de coca”.

Otro de los temas de los que habló el fiscal, fue de la función de la gasolina en la industria del delito, evidenciando que “juega un papel predominante en la industria del narcotráfico” y que las investigaciones en todo el territorio nacional muestran unas cifras relacionadas con el consumo de gasolina en diferentes municipios que son “bastante llamativas y permiten prender varias alarmas”.

También insistió en que “necesitamos correctivos a la mayor brevedad para atacar todos los eslabones de la cadena” y que hay que “ser cautos con la amplia política de subsidios que tiene el Estado – sobre todo en las zonas de frontera – y que inevitablemente beneficia a las organizaciones criminales”.

En la segunda parte de su intervención, resaltó que se debe atacar y perseguir el incentivo económico que impulsan las actividades criminales, recordando que dentro de los grandes resultados en la lucha contra las finanzas criminales se destaca que “al finalizar el 2017 se adoptaron medidas de extinción de dominio que alcanzaron los $2 billones de dólares, y en lo corrido del año dicha cifra ya sobrepasa los $600 millones de dólares”.

Finalmente, sobre la cooperación internacional en la lucha contra las finanzas ilícitas subrayó que “debe existir coordinación y cooperación intrainstitucional al interior de las jurisdicciones” recalcando que Colombia ha avanzado en “el entendimiento del funcionamiento de las jurisdicciones extranjeras más allá de las normas que regulan la mera cooperación internacional” y ha desarrollado “conocimiento y constante contacto con las Fiscalías y cuerpos de investigación de otros países”.