El magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, Roberto Serrato Valdés, negó una medida cautelar de suspensión provisional de la licencia ambiental que otorgó el Ministerio de Ambiente para la realización del proyecto Central Hidroeléctrica Ituango.

Sin embargo, el consejero ponente ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), expedir documentos que certifiquen que los responsables de la obra están cumpliendo con los requisitos técnicos y las exigencias para mitigar el impacto ambiental y socioeconómico propios de la construcción de la hidroeléctrica, que fueron incluidos en la licencia.

Representantes de 11 organizaciones civiles interpusieron una demanda de nulidad contra esos actos, expedidos por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio, y solicitaron suspender sus efectos provisionalmente, por considerar que la ejecución de la megaobra estaba ocasionando el desplazamiento de las comunidades que habitan en las zonas aledañas, la afección de sus derechos a la salud, trabajo, vivienda, acceso a fuentes de agua, salubridad y el probable rompimiento del equilibrio ambiental en la zona.

El magistrado ponente negó la solicitud de suspensión por considerar que en el trámite de expedición de la licencia no se violó ningún principio legal.

Además, advirtió que no desconoce la emergencia nacional provocada por el taponamiento de los túneles de vertimiento y los deslizamientos en la montaña sobre la cual se construye la hidroeléctrica, pero que la empresa ha tomado medidas exigidas por la autoridad ambiental, para que las comunidades afectadas obtengan alternativas de vivienda, económicas y de recomposición de sus relaciones sociales y culturales y para que la zona de influencia del proyecto no sufra un rompimiento del equilibrio ambiental.