La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela mediante la cual se pretendía revocar el fallo que condenó a 11 años de prisión al exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, y al exsubdirector Luis Eduardo Daza Giraldo por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción, en segunda instancia.

El alto tribunal tomó la decisión al considerar que la acción judicial interpuesta por el procurador Henry Francisco Bustos Alba, era improcedente, dado a que actualmente el proceso se encuentra en estudio de la Corte en casación.

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La corporación judicial recordó que «la acción de tutela (…) solo procede cuando el accionante haya agotado oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos presuntamente vulnerados”.

Aranguren y Daza fueron condenados por entregar información privilegiada sobre los movimientos financieros de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, periodistas y defensores de derechos humanos, por petición del extinto Departamento de Seguridad (DAS).