En el marco del Encuentro Iberoamericano de Política Criminal que se realiza hoy en Cartagena, con la presencia de las delegaciones de los países miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB); el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, aseguró que el objetivo de la conferencia pretende constituir una oportunidad de oro para la reflexión en torno a los fenómenos de criminalidad que afectan a la región.

El jefe de la cartera de Justicia, resaltó que no hay que estigmatizar al delincuente, por lo contrario, se debe rehabilitar y resocializar.

“Nuestros legisladores están más concentrados en el castigo que en las funciones de rehabilitación y resocialización de la pena. El derecho penal no debe ser un instrumento de aniquilación”, afirmó el Minjusticia.

Gil Botero, indicó que estos espacios de diálogo transcultural resultan ser esperanzadores para hacer un alto al desenfreno punitivo y resulta gratificante emprender con la COMJIB, esta propuesta que se espera se materialice en la Declaración Conjunta de los Principios de Política Criminal Iberoamericana, en el marco de la sesión ordinaria que se celebrará en abril de 2019, en Colombia.

“En esta ocasión disertaremos sobre la propuesta de Principios de Política Criminal para Iberoamérica, que se ha venido analizando desde la última sesión plenaria extraordinaria de la Conferencia de Ministros de Justicia celebrada en Antigua, Guatemala. Buscamos que nuestros sistemas de justicia penal y penitenciaria puedan hacer frente de una manera más humana y racional”, aseguró Gil Botero.

El funcionario también dio a conocer que el Gobierno, a través de la cartera que él lidera, ha venido adelantando en los últimos años un plan de trabajo encaminado a construir herramientas, insumos y estrategias idóneas para la toma de decisiones racionales y coherentes en materia de política criminal basadas en fundamentos empíricos, que surjan como resultado de un análisis crítico y contextual de nuestra realidad.

“En nuestras sociedad se alberga la idea de que a través del castigo, la prisión, el uso de la fuerza, y el endurecimiento de las leyes, se logran solucionar los problemas de criminalidad. Los Principios de Política Criminal que propone el Gobierno colombiano y que fueron objeto de discusión en la asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica celebrada en enero de este año en la Antigua, Guatemala, buscan convertirse en los pilares que guíen la redefinición del enfoque criminológico que ha predominado en nuestra región”, agregó el ministro de Justicia.

Durante su intervención, la jefe de la cartera de Justicia manifestó que para que la sociedad no continúe con la mentalidad punitiva, se hace imperativo realizar una evaluación de las medidas que se están implementando actualmente, y así revisar su eficacia y sus resultados. El objetivo de estos principios es dotar de elementos que permitan combatir de forma efectiva el fenómeno criminal, sin que se incumplan los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Por lo tanto, estos principios servirán como un marco amplio de lineamientos para pensar las medidas de restructuración de política criminal con un enfoque basado en los Derechos Humanos y la necesidad de transformar las causas estructurales del delito y a su vez como un insumo inicial para la construcción de redes de apoyo y trabajo entre los distintos países que suscriban la declaración final.

“Hay que generar esfuerzos mancomunados para pensar en una política pública criminal que trascienda la esfera de los territorios; de allí la necesidad de contar con un plan de acción conjunto, que posibilite la colaboración necesaria entre los distintos países”, aseveró Enrique Gil, quien además dio a conocer que el documento borrador de “Principios de Política Criminal” para Iberoamérica se ha venido alimentando con los aportes que se le han hecho de parte de las distintas delegaciones, así como de las discusiones en otros escenarios multilaterales.

El ministro Enrique Gil Botero, finalizó su intervención reiterando que los Principios de Política Criminal deben atender a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por los Estados y deben servir para responder de forma efectiva a las demandas sociales legitimas de mayor justicia y seguridad.