A los internos de la cárcel de El Banco (Magdalena), cuya situación es precaria, la Corte Constitucional ordenó, vía tutela, que se les protejan sus derechos para que permanezcan en condiciones dignas.

En el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte amparó los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo y a la salud.

En este caso 70 personas privadas de la libertad acudieron a la tutela ante el hacinamiento que llega al 200 %, la falta de elementos de aseo y el manejo inadecuado que se está dando a las aguas negras.

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La Corte Constitucional, efectivamente, le concedió 3 meses al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec), para que pongan en marcha un plan de construcción o mantenimiento de la cárcel y les ordenó que les suministren elementos de aseo a los internos, por lo menos cada 4 meses.

En la cárcel de El Banco hay 213 personas, cuando la capacidad es de 64 como máximo.