36 bienes al servicio de redes delincuenciales vinculadas al hurto de equipos móviles, fueron ocupados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, tras ser sellados y afectados con medidas administrativas por su actividad ilegal.

Según el ente investigador, “el material probatorio indicaría que los propietarios, ocupantes o personas que tomaron en arriendo estos inmuebles y establecimientos desconocieron todas las decisiones en su contra y continuaron con el ejercicio del negocio ilegal”.

Por estos hechos, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares contra los 36 bienes, avaluados en algo más de 8000 millones de pesos y ubicados en Bogotá, Medellín, Villavicencio, Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, y en Palmira, Alcalá y Cerrito (Valle del Cauca).

“Los dueños de los inmuebles habrían sido descuidados con las actividades que les impone la Constitución, toda vez que después de varios allanamientos practicados no tomaron medidas responsables al respecto y permitieron directa o indirectamente actividades ilícitas ampliamente conocidas por la comunidad”, indicó la Fiscalía.    

Los inmuebles y locales comerciales quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y así no podrán ser puestos al servicio de las estructuras delincuenciales que compran, modifican y venden teléfonos robados.