En un trabajo conjunto entre la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Persecución de Bienes, y con el apoyo del Ejército Nacional, la Dijín de la Policía Nacional, la Superintendencia de Notariado y Registro, además del Instituto Colombiano Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio siete bienes inmuebles pertenecientes al exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ”Don Mario”, al igual que otras propiedades de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’.

Se trata de inmuebles ubicados en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín (Meta), los cuales según las indagaciones de la Fiscalía, habrían pertenecido al Bloque Centauros de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), y en los se encontraron extensos cultivos de palma.

De acuerdo al material probatorio recopilado, dichas propiedades cuentan con extensiones de 189, 290, 170, y 140 hectáreas, respectivamente. Según las valoraciones de expertos en el tema, el avalúo comercial de dichos predios alcanza $7’000.000.000 millones.

Otros operativos permitieron la incautación de tres bienes; dos casas y un hotel, que habrían sido parte de las riquezas que ostentaban las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y los cuales están ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López (Meta), y cuyo valor comercial se estima en $2’000.000.000 millones.

Estos bienes fueron denunciados durante las versiones libres de José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, desmovilizado de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, quien fuera comandante de la estructura.

Dentro de las labores de investigación adelantadas por el ente investigador se logró determinar que desde las fincas pertenecientes al Bloque Centauros, ese reducto criminal manejaba asuntos administrativos y de logística.

Las medidas cautelares sobre los bienes fueron ordenadas por un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá y hacen parte de los resultados de las investigaciones priorizadas por parte de la Dirección de Justicia Transicional en materia de persecución de bienes del paramilitarismo.

Las propiedades ya están en poder del Fondo para la Reparación a las Víctimas, encargada de administrar los bienes. El siguiente paso se relaciona con la solicitud de la extinción de dominio de dichos inmuebles.

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