La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos pidió a los grupos ilegales cesar ataques en el país como los asesinatos de líderes sociales que han ocurrido «en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el COVID-19».

El organismo condenó «los graves hechos de violencia que se han registrado en los últimos días contra liderazgos sociales y de derechos humanos, así como las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad».

Entre esos crímenes señaló los asesinatos de la lideresa Carlota Isabel Salinas, perpetrado en el caribeño departamento de Bolívar el martes pasado, y el del líder social y campesino del departamento colombiano del Putumayo Marco Rivadeneira, ocurrido en la localidad de Puerto Asís.

También mencionó el de Ángel Ovidio Quintero, presidente del Concejo del municipio de San Francisco (noroeste) el pasado 20 de marzo, y los de los indígenas Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, del pueblo Embera en el Valle del Cauca (suroeste) cometidos la semana anterior.

La MAPP/OEA constató además «la continuidad de afectaciones por parte de grupos armados ilegales, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), y de hostigamientos a estaciones de policía en el norte del Cauca que ponen en alto riesgo a la población civil».