ONU expresa preocupación por homicidios y estigmatización a defensores de DD.HH.
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20/12/2017
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos. Para combatir esta peligrosa práctica es necesario que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017.
El organismo internacional reiteró que ser defensor o defensora de Derechos Humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible.
Al mismo tiempo observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo.
En días pasados el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en declaraciones a medios de comunicación informó que algunos de los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país se debían a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. El ente internacional indicó que las declaraciones del funcionario son muy peligrosas ya que se quieren justificar los asesinatos que en ningún caso son justificables.
La oficina ha verificado durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación.
Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron.
En un 59 % los asesinatos de líderes y lideresas fueron perpetrados por sicarios
Los asesinatos de estos defensores son muy graves, dado que afecta a la población más vulnerable del país. Estos homicidios se cometen en lugares donde la presencia del Estado es limitada y las personas no tienen acceso al ejercicio pleno de estos. Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno. Además la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario deben ser consideradas por las autoridades estatales en su conjunto.
El organismo reitera que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de Derechos Humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos.