La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos reiteraron la importancia de implementar todas las medidas adecuadas y eficaces, estipuladas en estándares internacionales de derechos humanos, para prevenir la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada.

Esto en relación sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas pacíficas, que comenzaron el pasado 28 de abril.

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“No obstante, y en consideración al contexto actual, recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición”, afirman en un comunicado.

 

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Además de la anterior recomendación, aseguran que es importante también “que se inicie la búsqueda y localización expedita, sin dilación y sin demora de las personas cuya desaparición se alega, como una forma de prevenir la posible consumación de desapariciones”.

Esta búsqueda debe ser liderada por las autoridades competentes con participación de las víctimas y las organizaciones denunciantes con interés de participar en la búsqueda.

“Recordamos que en el marco de los deberes estatales para la protección de las personas que se encuentran ejerciendo el derecho de reunión pacífica, la implementación de cualquier procedimiento administrativo o judicial que pueda limitar el derecho a la libertad personal de estas personas tiene una naturaleza excepcional”, afirman.

 

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Asimismo, dicen que “es esencial que el Estado garantice que las privaciones de libertad, cualesquiera que sean las formas jurídicas que revistan, se realicen con el estricto cumplimiento de los límites y garantías contenidas en las normas de derecho internacional, bajo principios de transparencia y publicidad”.

Así pues, las personas detenidas deben tener derecho tanto a acceder a un abogado y a comunicarse sin demora con sus familiares, como a ser mantenidas en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades.

“Es necesario que el Estado cuente con registros actualizados y disponibles de las personas privadas de la libertad, que permitan hacer un monitoreo en tiempo real sobre su detención, traslado y liberación, aún en casos de procedimientos administrativos policivos”, aseguran.