La Corte Constitucional le ordenó a la empresa Cerro Matoso S.A. iniciar los trámites necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental que le permita seguir con sus trabajos de exploración y explotación minera en el departamento de Córdoba.

El alto tribunal les concedió una tutela a las comunidades indígenas y negras de Córdoba que alegaron daños a su salud y al medio ambiente producto de las actividades de la compañía desde 1982.

La Corte encontró irregularidades en la actividad de la extracción minera, como la concentración de sustancias químicas y la emisión de partículas que afectan a las comunidades aledañas.

El fallo de tutela le ordenó a Cerro Matoso S.A. gestionar una nueva licencia ambiental que se ajuste a las normas constitucionales vigentes.

Además, también le ordenó al Ministerio del Interior realizar una consulta previa con las comunidades de la zona para fijar medidas de prevención por los perjuicios que les puedan ocasionar las actividades mineras de la empresa.