A través de una carta enviada al presidente Iván Duque, las organizaciones de justicia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), afirmaron que el decreto que regula la dosis mínima en Colombia es una medida “costosa” que “estigmatiza a los usuarios de drogas”.

Agregaron las organizaciones que la medida además es “ineficaz y costosa” y no contribuye “a la solución del problema de las drogas” pues a su juicio “promueve la discriminación y estigmatización de las personas que las usan”.

“Las políticas encaminadas a prevenir el consumo a través de herramientas policivas y sancionatorias del Estado tienen una falla grave: no logran diferenciar el consumo problemático, del consumo ocasional o recreativo”, añade al misiva.

Para ello, explicaron en cuatro puntos porqué dicho decreto no debía ser expedido.

Uno: No es una medida legislativa novedosa:

A juicio de las organizaciones, el decreto plantea que en los casos en que “la autoridad advierta la posible infracción de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas” dará aplicación al artículo 222 del Código de Policía, que impone la medida de destrucción del bien, ahora, incluso cuando se trate de dosis mínima. Este accionar de la Policía siempre ha estado en el rango de acciones para combatir el uso de drogas ilícitas, por lo que afirman que no plantea nada nuevo.

Dos: No es el remedio contra el microtráfico:

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Afirmar que no es claro cómo el decomiso y la destrucción de la dosis personal va a impactar realmente a las redes criminales que se lucran del negocio de las drogas, “cuando estas no han podido ser desmanteladas a pesar de que el país tiene una de las legislaciones penales más estrictas en esa materia”.

“Las excesivas herramientas jurídicas para combatir el tráfico de drogas en Colombia han resultado ser inefectivas en desmantelar de manera sostenida las redes del narcotráfico, mientras que sus efectos colaterales impactan de manera nociva a las personas más vulnerables”, añade.

Aclara que no es que falten herramientas jurídicas para abordar el tráfico y que se requiera un decreto más, sino que el verdadero problema es que la política de criminalización de las personas que usan drogas no funciona.

“En vez de promover medidas represivas contra ellos, los esfuerzos de las autoridades deben enfocarse en la persecución de las cabezas del negocio del narcotráfico y en fortalecer sus estrategias de investigación y juzgamiento penal”, agrega.

Tres: El decreto estigmatiza y criminaliza a los consumidores de ciertos sectores sociales:

Aunque los promotores del decreto han aclarado que esta medida no busca criminalizar a las personas que usan drogas, sino que se adelantará una “campaña integral de atención a la drogadicción”, en la práctica ocurre lo contrario.

Aunque la medida no implique la apertura de un proceso penal contra quienes usan drogas, sí los enfrentaría al aparato de Policía y sus nombres quedarían reseñados en los registros de esta institución, lo cual implica una sanción y, en consecuencia, una criminalización de facto.

“Consideramos que es muy probable que esta medida impacte desproporcionadamente a un cierto perfil de personas: aquellos que deben salir a la calle a comprar la sustancia, donde se exponen a mayores riesgos. Este no es el caso de quienes cuentan con los recursos financieros para, por ejemplo, solicitar la entrega de las sustancias a domicilio”, señala la misiva.

Cuatro: La verdadera urgencia es una política de salud pública para los consumidores problemáticos:

Ambas organizaciones coincidieron en que es necesario que los estados diseñen “respuestas diferenciadas aplicables a cada población: en el caso del consumo problemático, la respuesta debe estar centrada en brindar oferta de servicios de salud, con tratamientos que sean voluntarios y basados en la evidencia”.

“Una futura política de drogas para Colombia, también debe estar en consonancia con la magnitud real del consumo de drogas en el mundo: Según el Informe Mundial de Drogas 2018, preparado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la población consumidora de sustancias psicoactivas es apenas del 5,6 %, una fracción minoritaria de la población mundial. De hecho, para 2016, el 2.5 % de la población había usado marihuana en el último mes, y apenas el 0.2 % había usado cocaína en el mismo período”, agrega.