Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, el senador Julián Gallo y otros antiguos integrantes de las Farc, expresaron su preocupación a la Jurisdicción Especial para la Paz por un convenio de cooperación que, aseguran, la JEP suscribió con la Procuraduría General de la Nación.

Aseguran que el ‘Acuerdo de Cooperación para la Definición Oportuna de la Situación Jurídica’ es “inconstitucional” pues faculta a la Procuraduría a “imputar, resolver de manera definitiva la situación jurídica de los comparecientes, rendir su concepto ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sobre si los comparecientes relacionados cumplen las condiciones para recibir tratamientos definitivos y no sancionatorios”, entre otras funciones.

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No se entiende, por qué, siendo la PGN un ente de orden imparcial que debe velar por la representación de víctimas indeterminadas y la defensa de los derechos de estas y de los comparecientes, a través del Acuerdo suscrito, adquiere facultades de imputación y funciones propias de definición que corresponden a la SDSJ, extralimitando las competencias legales y Constitucionales que le han sido conferidas”, advierte una carta de los Comunes.

Según Rodrigo Londoño, dicho acuerdo afecta los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso y defensa de los excombatientes.

“Seguir incluyendo hoy a la Procuraduría en los asuntos jurisdiccionales como órgano que administra justicia, significa, no solo afectar el propio ordenamiento constitucional, sino contradecir gravemente lo acordado, pues se estaría integrando a la justicia a una de las instituciones con el mayor grado de politización de la nación”, remata la carta.