Tras la preocupante ola de asesinatos en diferentes zonas del país de desmovilizados de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz, se llevó a cabo en la noche de este martes la protesta de cientos de personas con un cacerolazo en el centro de Bogotá para exigirle al Gobierno que detenga lo que consideran un «genocidio».

Los manifestantes que ondearon la bandera del partido FARC, convocante de la protesta, no llenaron sin embargo el parque de Los Periodistas en una noche marcada por un fuerte aguacero.

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Los asistentes prendieron velas en el piso y extendieran pancartas alusivas a los excombatientes asesinados, como Dimar Torres, al que asesinó de un disparo un militar en abril del año pasado en zona rural de Convención, que hace parte de la convulsa región del Catatumbo (Norte de Santander).

«Que esto pare ya, que el señor presidente dé garantías de seguridad para nuestros compañeros, que pare el genocidio en todo el territorio con los firmantes del acuerdo de paz y con los líderes sociales», indicó la senadora del partido FARC, Victoria Sandino.

De acuerdo con cifras del partido FARC, surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, 186 excombatientes han sido asesinados, lo que supone una media de casi cinco al mes.

Esta ola de violencia fue advertida por la ONU en un informe presentado el 31 de diciembre pasado en el que aseguró que sólo en 2019 al menos 77 exguerrilleros fueron asesinados en Colombia, y denunció además 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

Esas muertes llevaron al organismo a calificar el 2019 como «el año más violento» para los exguerrilleros de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz.

«Nosotros sabíamos que eso iba a suceder», agregó Sandino, quien recordó que por esa situación se establecieron en el acuerdo de paz mecanismos para prevenirlos, que no han funcionado como se esperaba.

El mayor número de asesinatos contra desmovilizados de la Farc ha ocurrido en los departamentos del Cauca y en su vecino Nariño, ambos en el suroeste, así como en Antioquia, Caquetá y Norte de Santander.

Esos departamentos tienen como común denominador que allí hay fuerte presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc, bandas de narcotraficantes al igual que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), señalados por el Gobierno como los responsables de la mayoría de los asesinatos de exguerrilleros.

Sandino también anunció que pese a la situación, la FARC «estará en todo el territorio ejerciendo acciones hasta que este Gobierno y este Estado escuchen a quienes le hemos apostado todo a la paz de Colombia».

Frente a la situación denunciada por la FARC, el Gobierno ha reiterado que no dejará solos a los desmovilizados y que hace esfuerzos para brindarles protección y proyectos productivos para su reinserción como parte del acuerdo de paz.

«No vamos a dejar a los excombatientes solos, no vamos a permitir que los hampones nos los sigan arrebatando», afirmó el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

La afirmación contrasta con lo dicho por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien afirma que es urgente coordinar acciones y fortalecer los esquemas de seguridad de quienes dejaron las armas.

El Gobierno frente a esto, asegura que aunque brinda protección a miles de exguerrilleros, el hecho de que estén dispersos en unos 522 municipios constituye el «mayor desafío» de seguridad ya que habitan en zonas con presencia de diferentes grupos armados ilegales.

Mientras tanto, el senador de la FARC Julián Gallo, que en su época de guerrillero era conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, explicó que el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez maneja un doble discurso porque mientras dice en el exterior que el acuerdo de paz avanza, en Colombia continúan asesinado desmovilizados.

Lozada también resaltó que llevará sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un problema tan grave que la ONU considera que los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales siguen siendo la principal amenaza para la consolidación de la paz en Colombia.