El expresidente César Gaviria y la bancada del Partido Liberal se opondrán a las modificaciones que propone la ministra de Justicia a la acción de tutela.

El proyecto busca, injustificadamente, atacar los elementos que han hecho de la tutela un instrumento eficaz para la protección de los derechos fundamentales de las personas como son su carácter expedito, su informalidad y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

Que la acción se pueda interponer por cualquier persona, ante cualquier juez y en cualquier tiempo es lo que ha facilitado que millones de ciudadanos hayan acudido ante los jueces para lograr la garantía del goce de sus derechos.

Convertir la tutela en una especie de acción “especializada”, de la que solo conocen unos determinados jueces que solo están en unos pocos municipios de Colombia, es hacer nugatorio el derecho a acceder a la justicia y destruye la esencia conceptual del amparo que protege los derechos constitucionales fundamentales y que lo puede hacer cualquier juez que es, a su vez, juez constitucional.

Las reglas jurisprudenciales sobre el principio de inmediatez y sobre las tutelas contra sentencias han resuelto las dificultades que se pudieron haber creado en algunos momentos durante su aplicación y hoy son problemas inexistentes que inexplicablemente la Ministra de Justicia pretende revivir para abrir la puerta de establecer restricciones inaceptables al único mecanismo eficaz de protección judicial con el que cuentan las personas en Colombia.

Estamos dispuestos a encontrar fórmulas para mejorar el Gobierno y la administración de la Rama Judicial. En general creemos que los problemas grandes de la Rama no están en el diseño constitucional sino en problemas de gestión que no se resuelven creando inhabilidades e incompatibilidades exorbitantes a los magistrados, lo cual solo conseguirá que los mejores juristas no tengan incentivos para pertenecer al poder judicial.

Lo que los ciudadanos reclaman es que haya más justicia, que sea más expedita, que esté más al alcance de todos y paradójicamente el Gobierno propone imponer restricciones para acceder a ella. Vamos a tener menos justicia, lo cual constituye algo inaceptable para nosotros. No es contra la tutela sino contra la tardanza de las otras ramas de la justicia por lo que la gente protesta.

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