“A partir de hoy, todos los bienes de extinción de dominio, o extinguidos de la SAE, pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes y por las organizaciones populares femeninas”, declaró el presidente de la República Gustavo Petro en su discurso de posesión.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de cambiar la administración de los bienes incautados a estructuras criminales, para otorgar dicha administración a organizaciones comunitarias, dejó abierta la inquietud de sí se eliminará a la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, actual administradora de los bienes de extinción de dominio.

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“Si la propuesta es eliminar la SAE se necesita una reforma legal, si la propuesta es poner como depositarios a los campesinos pues no habría que eliminar la SAE o una reforma legal, sino simplemente ajustar los protocolos de asignación de administración de los bienes”, advirtió el exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana.

“Hoy en día no podría el director de la SAE o quien administra el Frisco, tomar un bien para dárselo a los campesinos, sin ninguna fundamentación legal o darle una destinación diferente a lo que establece la ley. Por eso insisto en que legalmente no es viable la propuesta del presidente”, agregó Quintana.

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El penalista Juan Francisco Navarrete opinó que “liquidar por ejemplo la SAE, o acabarla, sería un mal paso porque es una entidad que ha venido madurando, ya tiene un control que es bastante alto sobre los bienes”.

La actual administración de la SAE no ha sido notificada de nuevos cambios.