La Procuraduría pidió a la JEP celeridad para resolver la situación de una mujer que fue reclutada por la extinta guerrilla de las FARC en el año 2010, cuando tenía 13 años de edad.

Desde de su desvinculación del grupo al margen de la ley, en 2013, la Jurisdicción Especial para la Paz no la ha aceptado en su condición de compareciente pese a haber demostrado con suficiencia su condición de excombatiente y víctima del conflicto, según sustenta el Ministerio Público.

La mujer fue capturada y reclutada ilegalmente por el Ejército durante un enfrentamiento con las extintas Farc en el que perdió una de sus manos. La adolescente resolvió dejar las armas y fue acogida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta que cumplió la mayoría de edad.

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La entidad también subraya que la mujer se encuentra registrada y activa en el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) como parte del proceso de reintegración que emplea la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y ha recibido asistencia psicosocial, beneficios económicos, educativos y de formación para el trabajo.

“Si bien, al interior de la JEP no existe unanimidad sobre la aceptación del certificado CODA para lograr la acreditación del factor personal, debe tenerse en cuenta que la solicitante no tiene investigaciones penales en su contra y tampoco registra sanciones o inhabilidades por parte de la Procuraduría, tal y como está demostrado en el expediente”, señala Alonso Pío Fernández Angarita, procurador primero Delegado ante la JEP.

Por estas razones, la Procuraduría solicitó al ICBF dar cumplimiento inmediato a la solicitud de la JEP e informe sobre el ingreso de la excombatiente a dicha institución.